La implementación de la ley de Financiamiento Universitario quedó suspendida de manera provisional tras una decisión del juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal II. La medida frenó la ejecución de un fallo anterior que ordenaba aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, que establecía aumentos salariales ajustados por inflación y actualización de becas en universidades públicas.
El conflicto judicial tiene raíces en fallos contradictorios. A fines de marzo, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado la implementación efectiva de la ley, respondiendo a una medida cautelar presentada por las universidades. Ahora, el juez Cormick suspendió esa ejecución, una decisión que será apelada por las autoridades universitarias el próximo 27 de abril.
Mientras tanto, la Segunda Instancia continúa evaluando un recurso extraordinario federal presentado por el Ejecutivo para frenar la ley. De prosperar, el caso podría llegar a la Corte Suprema. Desde un sector de La Libertad Avanza indicaron que continúa en agenda la presentación de un proyecto alternativo de financiamiento universitario.
Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una marcha federal para el 12 de mayo bajo la consigna "Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". El reclamo apunta a la implementación de la ley sancionada por el Congreso en 2025.
Según datos del propio CIN, los salarios universitarios aumentaron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, mientras que la inflación llegó al 280%. Este desfasaje provocó una caída del 32% en el poder de compra de los trabajadores del sector. El deterioro acumulado representa una pérdida equivalente a 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años. Las universidades nacionales también registraron un desplome real del 45,6% en sus transferencias en el mismo período.
