El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el viernes la intención de reintroducir el pelotón de fusilamiento como método de ejecución en casos de pena capital a nivel federal. La medida se inscribe en un conjunto de directivas destinadas a fortalecer la aplicación de la pena de muerte, en cumplimiento de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
Las nuevas directivas incluyen la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación de ese protocolo para incorporar métodos de ejecución adicionales como el fusilamiento, y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos relacionados con sentencias capitales. El objetivo declarado es "despejar el camino para llevar a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus recursos de apelación".
El Departamento de Justicia argumentó que estos pasos son "fundamentales para disuadir los crímenes más atroces, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes".
El fiscal general interino Todd Blanche criticó la gestión anterior, señalando que la administración de Joe Biden "incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden".
Biden, quien se opone a la pena de muerte, conmutó las sentencias de 37 de los 40 reclusos federales condenados a muerte antes de dejar el cargo en enero. Los tres cuyas sentencias se mantuvieron fueron condenados por el atentado del maratón de Boston de 2013, un tiroteo contra una sinagoga en 2018 y un ataque a una iglesia afroamericana en 2015.
El Departamento de Justicia también instruyó a la Oficina de Prisiones que examine la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal o construir una instalación adicional de ejecución para aplicar métodos alternativos.
En Estados Unidos, la pena capital es legal en 27 estados, aunque cuatro de ellos cuentan con moratorias que bloquean las ejecuciones. Ha sido abolida en otros 23 estados y el Distrito Columbia. En 2025 se han realizado 47 ejecuciones en el país, con 19 en Florida, y al menos 32 están programadas para este año en ocho estados.
