El Gobierno admitió que carece de las mayorías parlamentarias requeridas para reformar la Ley de Financiamiento Universitario. Desde Casa Rosada señalaron que la posibilidad de negociar una reforma se estrechó significativamente respecto al inicio de 2026, y que lograr un acuerdo que incluya a aliados parlamentarios y rectores se presenta como un escenario remoto.

La normativa 27.795, cuya vigencia fue ratificada por el Poder Legislativo en octubre de 2025, permanece en una situación indefinida operativamente. El Ejecutivo sostiene que su aplicación depende de la asignación de recursos específicos. En este contexto, descartó impulsar nuevamente el proyecto de reforma enviado durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Tensiones internas en el oficialismo también complicaron la estrategia. Según trascendió, diferencias de criterio entre el equipo del asesor Santiago Caputo y la conducción legislativa encabezada por Martín y Eduardo "Lule" Menem obstaculizaron el plan de acordar una reforma antes del ciclo lectivo 2026.

Un fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se convirtió en el punto de quiebre. El tribunal ratificó una medida cautelar que exige el cumplimiento de los artículos sobre actualización de haberes para personal docente y no docente, además del pago de becas. La Procuración del Tesoro interpuso un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema.

El Gobierno reconoce que la sentencia judicial fortaleció la posición de las universidades, quitándoles incentivos para aceptar una modificación que implicara menor desembolso. Su estrategia es realizar transferencias mensuales ajustadas a lo que interpreta como el mínimo exigido por la ley.

El Consejo Interuniversitario Nacional y federaciones estudiantiles y gremiales agendaron una marcha federal para el 12 de mayo. En el Gobierno son conscientes de que una protesta masiva podría reinstalar la crisis universitaria como tema central en la opinión pública.

El CIN dispone de diez días hábiles para contestar la apelación oficial. Solo después la Cámara resolverá si el caso escala a la Corte Suprema. Mientras tanto, la ejecución de la sentencia permanece en suspenso, lo que exime al oficialismo del cumplimiento inmediato pero mantiene la tensión administrativa en el límite.