La medida de fuerza arrancó este lunes en los claustros universitarios, incluyendo la Universidad Nacional de La Pampa, con una movilización que nuclea a docentes, estudiantes y actores del sistema universitario público. El reclamo central gira en torno a la recomposición salarial y el cumplimiento de una norma que el gobierno de Javier Milei lleva 181 días sin acatar.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y posteriormente ratificada por una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. Pese a esto, y a contar con fallos de primera y segunda instancia del Poder Judicial que respaldan su vigencia, el Poder Ejecutivo mantiene su negativa a cumplirla. Los docentes subrayan que se trata de una situación donde el Ejecutivo es el único de los tres poderes del Estado que rechaza acatarla.

Desde la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), señalan que la docencia universitaria requiere un incremento del 55% para recuperar el poder adquisitivo que perdió desde noviembre de 2023. A esto se suma que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año, mientras una franja significativa del sector percibe sueldos cercanos a los 250 mil pesos.

El conflicto se intensificará en las próximas semanas, con una Marcha Federal Universitaria programada para el 12 de mayo. Desde el gremio insisten en que el Gobierno debe saldar la deuda con los trabajadores y cumplir con la normativa vigente, en tanto se prepara para sostener una disputa que promete profundizarse.