La disputa por la estatización de YPF reabrió un frente de riesgo legal y financiero para la Argentina. Aunque la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló recientemente una condena por más de 16.000 millones de dólares, los fondos demandantes Petersen y Eton Park, respaldados por el hedge fund Burford Capital, confirmaron que no aceptarán la decisión y avanzan en una estrategia judicial de doble vía.
Los fondos buscan llevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. Para ello, reformularán el reclamo bajo los tratados bilaterales de inversión, particularmente el acuerdo firmado entre Argentina y España en 1991. Ese mismo instrumento fue utilizado por Repsol cuando reclamó por la expropiación del 51% de YPF en 2012, conflicto que se cerró en 2014 con una compensación de 5.000 millones de dólares.
El CIADI representa un escenario históricamente desfavorable para el país. Argentina acumula una tasa de derrotas cercana al 86% en los casos resueltos ante ese tribunal, con laudos adversos que superan los 10.000 millones de dólares. Además, el 94% de las demandas internacionales contra Argentina se tramitaron en ese foro, consolidándolo como el principal canal de conflictos con inversores extranjeros.
La ofensiva de los fondos incluye utilizar documentación obtenida en el proceso estadounidense para fortalecer una eventual demanda ante el tribunal internacional. Se trata de procesos confidenciales, de larga duración y con antecedentes poco favorables para el país, que abre una vía completamente distinta al litigio en Nueva York.
El caso se suma a una larga lista de disputas aún abiertas o en ejecución contra Argentina en el CIADI, vinculadas a expropiaciones, contratos energéticos y congelamientos tarifarios, muchas sin resolución definitiva tras más de una década. YPF vuelve así a ocupar un lugar central en el mapa de riesgos legales del país, con potencial impacto sobre las cuentas públicas en los próximos años.
