La administración de Javier Milei afronta este viernes un nuevo pago al Fondo Monetario Internacional por US$ 800 millones en concepto de intereses. El dinero deberá extraerse de las reservas acumuladas por el Banco Central en los últimos meses, a menos que el organismo internacional apruebe una revisión urgente del programa acordado.
Si el directorio del FMI se reúne antes del viernes y aprueba la segunda revisión del programa, Argentina podría recibir un desembolso pendiente de US$ 1.000 millones que aliviaría las cuentas públicas de forma inmediata. El Palacio de Hacienda confía en que esta aprobación formal ocurra a mediados de mayo, tras el acuerdo técnico alcanzado hace apenas diez días por el ministro de Economía Luis Caputo.
La deuda que vence esta semana proviene del préstamo original de 2018, luego extendido durante la gestión de Alberto Fernández y ampliado nuevamente por el Gobierno actual en abril de 2025 con US$ 20.000 millones adicionales. Desde que se contrajo el crédito inicial, Argentina ha destinado más de US$ 15.100 millones exclusivamente para pagar intereses, una cifra que representa casi un tercio del préstamo original.
El contexto internacional complica el panorama. El aumento de tasas en Estados Unidos elevó el riesgo país a 557 puntos y provocó caídas en las acciones locales. Para cumplir con las metas establecidas, el Banco Central debe acumular US$ 8.000 millones en reservas netas durante 2026, lo que requiere mantener un ritmo sostenido de compra de divisas.
Más allá del pago inmediato, el FMI exige políticas estrictas como eje de la continuidad del programa. El Gobierno se comprometió a lograr un superávit primario del 1,4% del PBI este año mediante control riguroso del gasto público. El plan también incluye reformas estructurales para incentivar inversión privada y empleo formal, junto con una política monetaria restrictiva que permita mayor flexibilidad en el mercado cambiario para reducir la inflación.
