Sergio Maldonado presentó su renuncia a la dirección de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en un contexto marcado por dificultades operativas que se arrastran desde el inicio de la gestión libertaria. Si bien desde Casa Rosada buscan minimizar el impacto de su salida, la situación en la institución enfrenta obstáculos significativos en materia de sostenibilidad y gestión financiera.
El área venía soportando conflictos operativos, presión de prestadores de servicios y un clima interno cada vez más deteriorado. A estas dificultades se sumó el suicidio del suboficial retirado Carlos Vázquez, un episodio que impactó profundamente en el entramado institucional de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa reconoce que el proceso estuvo condicionado por urgencias económicas y una demanda creciente de afiliados que reclaman respuestas ante demoras, reintegros y prestaciones incompletas.
Los números exponen la magnitud del problema. Según datos presentados ante el Congreso, el pasivo acumulado asciende a más de 248.600 millones de pesos. De ese total, 178.961 millones se destinan a funcionamiento y prestaciones médicas, mientras que el resto corresponde a préstamos y obligaciones corrientes. Esta carga financiera condiciona directamente el funcionamiento cotidiano del sistema, que enfrenta limitaciones en su capacidad para responder a los requerimientos de los afiliados.
La renuncia de Maldonado se inscribe en un patrón de cambios en la estructura del Gobierno, en un momento donde la Obra Social requiere respuestas urgentes para resolver sus problemas de deudas y garantizar la continuidad de sus servicios.
