A partir de julio de 2026, los colegios privados deberán emitir factura electrónica para cada pago recibido sin excepciones. La medida, establecida mediante la Resolución General 5824/2026 de ARCA, busca aumentar la trazabilidad en tiempo real y reducir la informalidad en el sistema educativo privado.

La nueva normativa elimina los esquemas flexibles que existían hasta ahora. Instituciones que anteriormente emitían resúmenes propios o utilizaban sistemas mixtos deberán migrar completamente a la facturación electrónica. Este cambio genera un impacto administrativo significativo, ya que obliga a revisar sistemas internos y circuitos de trabajo para cumplir con un modelo más transparente y controlado.

La obligatoriedad abarca un universo amplio de instituciones educativas. Incluye colegios de nivel inicial, primario y secundario; academias de idiomas y formación profesional que antes operaban con comprobantes simplificados; y centros de enseñanza no formal como clubes de tareas, talleres de arte, música o deportes que perciban aranceles.

Para cumplir con la normativa, las instituciones educativas enfrentan desafíos técnicos importantes. Uno de los principales es la integración de sistemas con los organismos reguladores. Utilizar únicamente el "Facturador en Línea" de ARCA resulta inviable para instituciones con muchos alumnos por la carga administrativa excesiva.

Los problemas más frecuentes incluyen la falta de integración directa entre la facturación electrónica y el sistema de gestión de datos de estudiantes, lo que puede generar errores en CUIT/CUIL y rechazos de facturas. También surgen inconvenientes cuando se registran pagos sin facturar o se emiten comprobantes sin respaldo en ingresos reales.

Expertos señalan que las instituciones educativas requieren interconexión mediante Web Services con ARCA. El sistema debe validar datos de tutores, solicitar el Código de Autorización Electrónico de forma masiva, generar el comprobante legal y enviarlo por WhatsApp o email automáticamente una vez confirmado el pago, reduciendo consultas administrativas sobre recepción de facturas.