El gobierno británico analiza designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y prepara nueva legislación antiterrorista que permitiría prohibir grupos respaldados por Estados extranjeros. La iniciativa será presentada durante la próxima sesión parlamentaria.

El primer ministro Keir Starmer confirmó la información durante una visita a una sinagoga en Kenton, noroeste de Londres, que fue blanco de un ataque incendiario reivindicado por un grupo vinculado a Irán. La medida responde a una serie de incidentes recientes que afectaron a la comunidad judía británica, incluyendo ataques a sinagogas y ambulancias comunitarias atribuidos a grupos islamistas.

La nueva legislación otorgaría al Ejecutivo facultades para clasificar como terroristas a entidades apoyadas por gobiernos extranjeros. Además, crearía nuevos delitos penales para quienes apoyen o promuevan organizaciones incluidas en la lista de amenazas estatales.

Starmer enfatizó en declaraciones a la prensa que el objetivo es garantizar que la comunidad judía se sienta segura. "Queremos hacer de Gran Bretaña un lugar seguro para nuestra comunidad judía. Eso implica dejar claro que estamos junto a ellos", expresó el mandatario, quien prometió que el proyecto de ley será presentado "en cuestión de semanas".

La decisión surge tras presión parlamentaria y de líderes judíos que reclamaron respuestas más contundentes frente a la actividad iraní en territorio británico. La medida británica sigue el ejemplo de la Unión Europea, que en enero incluyó al IRGC en su lista de organizaciones terroristas, y de Australia, que lo catalogó como patrocinador estatal del terrorismo.

Se estima que el IRGC cuenta con decenas de miles de integrantes activos dispersos en principales ciudades del mundo. La Junta de Diputados de los Judíos Británicos respalda la iniciativa, señalando que la demanda de proscribir al IRGC ha sido impulsada desde diversos sectores.

Hasta 2025, el Reino Unido había rechazado clasificar al IRGC como grupo terrorista, optando por un régimen de sanciones dirigidas a individuos. Sin embargo, la escalada de ataques aceleró la revisión de la legislación antiterrorista. El Ministerio del Interior confirmó los planes y reiteró que adoptará todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.