El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ya envió 39 notificaciones a personas identificadas como autores de amenazas en escuelas del centro-norte provincial para cobrar los gastos originados por los operativos policiales, que rondan los 200 millones de pesos. La acción patrimonial y administrativa se ejecuta de forma independiente a las investigaciones penales que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación.
Según informó la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, se trata de una iniciativa dispuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni para perseguir el recupero de los costos de cada operativo. El procedimiento identifica a los padres responsables de los menores que cometieron los actos, ya que el 95 por ciento de los 73 identificados son menores de edad.
Los costos varían según cada caso. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero pueden superar los 11 millones dependiendo de la extensión geográfica y la cantidad de recursos utilizados. De los 73 responsables identificados, 39 notificaciones ya fueron enviadas en el marco de 32 casos del centro-norte. El ministerio aún aguarda información de la Fiscalía Regional 2.
Hasta el 21 de abril se registraron aproximadamente 404 denuncias por amenazas en establecimientos educativos en toda la provincia. En los operativos se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego y municiones. Diakaki destacó que el Gobierno Provincial "está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad" y subrayó que como Estado debe proteger los recursos públicos de los santafesinos.
