A diciembre de 2025 había 453.186 jubilados con aportes registrados, según datos de la Seguridad Social. La cifra refleja un fenómeno en expansión que contrasta con el retroceso del empleo registrado en la población general. De ese total, 229.833 estaban inscriptos como monotributistas, 95.603 trabajaban en relación de dependencia, 91.563 eran autónomos y 36.188 en casas particulares.

El crecimiento ha sido sostenido en el último tiempo. En 2010 había 176.153 jubilados con aportes, cifra que subió a 275.431 en 2015 y alcanzó 368.458 en 2023. Esto representa una suba del 65% en diez años y del 23% apenas en dos años. El monotributo fue el motor principal: entre 2015 y diciembre de 2025, los jubilados inscriptos bajo esta modalidad pasaron de 122.356 a 229.833, un incremento del 88%.

El crecimiento en el trabajo de jubilados obedece a dos factores principales. Por un lado, el reemplazo progresivo del empleo formal por la contratación bajo monotributo. Por otro, la continuidad laboral de profesionales que mantienen su actividad después de jubilarse. Sin embargo, los datos de informalidad relativizan el panorama: estimaciones indicadas en el informe señalan que más de 600.000 jubilados trabajan sin aportes, superando ampliamente a los registrados. La tasa de empleo en edad jubilatoria se calcula alrededor del 18%, equivalente a poco más de un millón de personas.

Existe una breve importante según género. Un informe del INDEC citado en los datos muestra que hay dos veces más varones con ingresos laborales que mujeres en edad jubilatoria. Además, la situación es más crítica en sectores de menores recursos: los jubilados ubicados entre el primer y quinto decil de ingresos presentan tasas de actividad más altas que los de mayores ingresos, predominando tareas de baja calificación como cuidadores nocturnos o changas.

La normativa previsional permite que varones y mujeres continúen trabajando registrados después de jubilarse. Cuando lo hacen, aportan un 11% al sistema, pero ese aporte no mejora el haber jubilatorio sino que se destina al Fondo Nacional de Empleo. Tampoco cotizan para salud, ya que el jubilado mantiene su cobertura a través de PAMI u obra social.

El deterioro de los haberes jubilatorios explica directamente el crecimiento laboral en esta población. A abril, la jubilación mínima es de $380.389 más $70.000 de bono, cifras que en la práctica quedan por debajo del costo de vida. Especialistas advierten que trabajar después de jubilarse puede tener beneficios físicos y mentales, pero solo cuando es por elección. Cuando es obligatorio para sobrevivir, el efecto se invierte: la mayoría de estos empleos son de baja calidad y pueden ser perjudiciales para la salud. El fenómeno refleja menos integración productiva que un síntoma de ajuste social en un sistema donde el haber jubilatorio dejó de garantizar autonomía económica.